Máxima Acuña de Chaupe, una pequeña agricultora peruana, lucha incansablemente por su tierra: Yanacocha, la mayor mina de oro del Perú, intentaba desde 2011 quitarle su terreno. En agosto 2016, un tribunal local declaró a Máxima y a su familia culpables de haberse apoderado de dicha tierra de manera ilegítima, pero la lucha de Máxima valió la pena: en mayo de 2017 fue absuelta.
La pequeña agricultora de 47 años Máxima Acuña de Chaupe y sus allegados están exhaustos: entre 2011 y 2017 fueron víctimas en repetidas ocasiones de amenazas, intimidación e incluso agresión fīsica por parte de empleados de la compañía Yanacocha y de la policía peruana. «Nos insultaron, golpearon y maltrataron, ¡y hasta nos amenazaron con la muerte!», describe la peruana. Además, en el transcurso de los últimos tres años, la familia Chaupe también tuvo que comparecer en juicio para defenderse contra Yanacocha. Todos los miembros de la familia tuvieron que aguantar interrogatorios durante varios días y escuchar las acusaciones de los abogados de la empresa minera. Sin embargo, la lucha valió la pena: en la primavera de 2017, Máxima Acuña de Chaupe fue absuelta.
La lucha por los derechos sobre la tierra continúa
El objeto del conflicto entre Máxima Acuña de Chaupe y la empresa minera Yanacocha S.R.L. era una parcela de tierra en el altiplano peruano, de la cual tanto la familia Acuña de Chaupe como la empresa Yanacocha, que explota la mina de oro más grande de Sudamérica, reivindicaban derecho de propiedad. Ambas partes afirmaban tener un título de propiedad válido de dicha parcela. Para Yanacocha este terreno tiene una importancia estratégica, ya que está ubicado en medio de una zona donde se planea una nueva mina. Debido a las protestas masivas de la población local y de diferentes organizaciones no gubernamentales, se suspedió el proyecto; sin embargo, el conflicto por los derechos de propiedad sobre la tierra continuó. En este contexto, la familia de Máxima Acuña de Chaupe fue víctima constante de acosos y agresiones, tanto por parte de empleados de Yanacocha S.R.L. como de la policía nacional, que actuaba por encargo de la empresa. Durante dichos ataques, se destruyeron varias veces la vivienda y los campos de la familia.
El gigante del oro demanda a la pequeña agricultora
En 2011, la empresa minera entabló una demanda contra Máxima y su familia porque no querían ceder el terreno que legítimamente les pertenece al establecimiento de una nueva mina de oro. A mediados de agosto se emitió el escandaloso fallo: Máxima, su cónyuge, su hija y su cuñado fueron condenados a una pena privativa de libertad de ejecución suspendida de dos años y ocho meses, a una pena pecuniaria de 1900 dólares y a desocupar el terreno en cuestión. Se le reprochaba a la familia Chaupe haberse apoderado de la tierra de manera ilegítima. En 2014, Máxima fue absuelta, pero el gigante del oro Yanacocha interpuso recurso. Sin embargo, la familia Chaupe no se rindió: «El maltrato y el tormento a los que Yanacocha nos ha sometido me dan vigor y fortalecen mi voluntad de luchar por nuestros derechos y de no rendirme», dijo la campesina durante su lucha de los últimos años, que terminó por dar frutos. Así, a mediados de marzo de 2017, el tribunal superior notificó que iba a reexaminar el caso y el 3 de mayo de 2017 emitió la sentencia definitiva: Máxima Acuña de Chaupe y su familia quedaron absueltos. El tribunal supremo ratificó así la sentencia dictada en 2014 por la segunda instancia, que ya en ese entonces había refutado la imputación de robo de tierra. Sin embargo, la familia de campesinos todavía no puede descansar completamente, ya que aún debe afrontar otros procesos judiciales menores.
En septiembre de 2017, Máxima Acuña de Chaupe y su familia, junto con EarthRights International (ERI), presentaron una demanda en el Tribunal Federal de Delaware (EE.UU.) contra la empresa minera estadounidense Newmont Mining Corporation. La compañía es el accionista mayoritario de Yanacocha. La demanda encontró resistencia incluso antes de ser resuelta: La corte estadounidense inicialmente siguió la recomendación de la Newmont Mining Corporation y desestimó el caso a pesar de la evidencia de corrupción por parte de las cortes peruanas contra el Perú. Con el apoyo de EarthRights International, Máxima apeló esta decisión con éxito: a finales de marzo de 2019 el caso fue devuelto al tribunal de distrito competente de los Estados Unidos y se ordenó al juez que revisara las pruebas de corrupción dentro del poder judicial peruano. ¡Una gran victoria para Máxima!
Además, en el 2016, Máxima recibió el premio Goldman por su acción ambiental.